Una visión crítica frente al procedimiento restrictivo en el ámbito educativo

El persistente problema de la violencia de género en instituciones educativas evidencia estructuras cisheteropatriarcales que, a pesar de políticas y movilizaciones, continúan vulnerando la seguridad y equidad de mujeres y personas LGTBIQA+.

La violencia contra las mujeres se manifiesta en múltiples formas que sobrepasan el espacio educativo, convirtiéndose en una problemática estructural que afecta tanto las instituciones como las vidas de quienes en ellas transitan, incluso desde la universidad. Esta situación requiere una mirada profunda para evidenciar su impacto en la formación académica, el desarrollo profesional y la experiencia vital de las mujeres.

Diversas movilizaciones feministas y estudiantiles han puesto en primer plano esta problemática, destacándose el aporte en 2018 desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Estas protestas no se limitaron a señalar responsabilidades individuales, sino que buscaron confrontar las estructuras institucionales que sostienen pactos patriarcales. Sin embargo, el escenario actual en diversas instituciones educativas muestra que, aun después de siete años, los mecanismos denunciados siguen operando intactos, lo que se refleja en las recientes protestas estudiantiles por casos de violencia de género y la ausencia de protocolos efectivos.

Frases como “El silencio es cómplice” y “No hay transformación si se mantiene el sexismo en la educación” encapsulan las urgentes denuncias contra un sistema que reproduce normas cisheteropatriarcales, generando entornos inseguros para mujeres, cuerpos disidentes y personas LGTBIQA+. Lejos de erradicar la violencia de género, las prácticas cotidianas en estos espacios parecen naturalizarla y mantenerla en la sombra.

Si bien algunas instituciones han implementado normativas, protocolos y políticas ante estas problemáticas, la crítica feminista sostiene que muchas de estas herramientas actúan como “jaulas de pájaro”, es decir, mecanismos puramente formales y punitivos que no alteran las bases del poder que perpetúan la violencia. En este contexto se evidencia una paradoja institucional que refuerza el silencio y protege, en ocasiones, a los presuntos agresores, mientras las víctimas deben enfrentarse a procesos largos, burocráticos y revictimizantes.

La implementación de la Ley 21.369 y la declaración del 95,4 % de las instituciones de educación superior sobre la existencia de políticas integrales contra el acoso y la discriminación de género (Ministerio de Educación de Chile, 2022) son avances importantes en papel. Sin embargo, la experiencia de muchas mujeres que han requerido apoyo institucional revela la ineficacia de dichos dispositivos, los cuales en ocasiones se traducen en medidas que benefician a los agresores, protegidos por derechos laborales y educacionales, en tanto las denuncias se prolongan y los procesos se tornan invasivos y desalentadores.

Casos concretos en diversas universidades ilustran este panorama. En la Universidad de Chile se registraron 263 solicitudes de atención en la Red de Acogida durante 2023, con un aumento del 34,8 % respecto al año anterior, siendo el 72,2 % de las peticiones de mujeres. De igual forma, en la Universidad Austral se han reportado denuncias de acoso sexual; en la Universidad Alberto Hurtado, una estudiante de posgrado denunció agresiones reiteradas por parte de un docente, lo que finalmente dio lugar a la suspensión del académico tras crecientes presiones estudiantiles y la reapertura de la investigación. Asimismo, en la Universidad de Concepción más de 50 carreras paralizaron sus actividades por denuncias de violencia de género en el área de Pedagogía en Historia y Geografía.

En definitiva, mientras persista el sexismo estructural en la educación, no podrán alcanzarse cambios profundos. Es imperativo que las instituciones dejen la formalidad para adoptar garantías efectivas, asignar recursos adecuados y demostrar voluntad política. Solo así se podrá abordar, de forma integral y situada, la diversidad de formas de violencia –física, simbólica, institucional, económica y epistémica– y transformar de manera real los espacios educativos.

Nicole Herrera Farfán, activista feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, resume con contundencia este llamado a una transformación indispensable en el ámbito educativo.

Autor: Roberto Sánchez

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