Durante un proceso legal que se inició hace más de dos décadas, Josefa y Katia Fuentes buscaron la verdad sobre sus orígenes familiares al intentar exhumar el cuerpo del presunto padre, Pablo Ortíz, reconocido agricultor de la comuna de San Carlos, Ñuble. La historia se remonta a los años 80, cuando la madre de las hermanas entabló una relación con Ortíz, un hombre 19 años mayor, quien, luego de insistir por años, las dejó en la incertidumbre y el silencio respecto a su paternidad. La primera hija, Josefa, fue fruto de esa relación en 1992, y años más tarde se repitió un episodio similar, marcado por promesas incumplidas y violencia, tanto psicológica como económica, lo que llevó a su madre a iniciar una demanda en 2002 para el reconocimiento legal de la paternidad, proceso que se vio truncado por la influencia y el poder del empresario.
El escenario legal tomó un giro inesperado cuando, tras la muerte de Pablo Ortíz por Covid-19 en junio de 2021 y su posterior sepultura en el Cementerio Municipal de San Carlos, las demandantes comenzaron a percibir irregularidades. A pesar de la notificación a un familiar en agosto de 2021, la familia de Ortíz gestionó el traslado para la cremación en Concepción sin informar a las hijas, lo que desencadenó nuevas complicaciones en el proceso judicial. A lo largo de 2024, se realizaron varios intentos de exhumación, uno en agosto y otro en noviembre, sin éxito alguno, hasta que finalmente, el 27 de mayo de 2025, se procedió a la apertura de la sepultura situada en la fila 10 del patio 1 poniente norte del cementerio.
La sorpresa fue mayúscula: en lugar de encontrar el cuerpo de Pablo Ortíz, se halló el de una mujer, identificada posteriormente como la hermana de Ortíz fallecida en 2023. Este hallazgo dejó perplejos a abogados, representantes del Servicio Médico Legal y personal del cementerio, quienes no lograron dar respuestas inmediatas sobre el paradero de los restos del presunto padre. La controversia se agrava ante la revelación de que el Cementerio Municipal, cuya gestión correspondió a la administración anterior, no actualizó sus registros a pesar de haber realizado la cremación y el traslado del cuerpo de Ortíz en 2021.
Ante esta situación, las demandantes contemplan emprender acciones legales contra el cementerio y la hija de Ortíz que fue notificada, a fin de proteger los avances del proceso de reconocimiento de paternidad sin reiniciar desde cero. Por su parte, la Municipalidad de San Carlos ha reconocido una omisión administrativa en el registro de la exhumación y cremación, que será investigada internamente. Mientras tanto, la familia de Pablo Ortíz, a través de su representación legal, ha defendido que la cremación se realizó conforme a los protocolos y que la notificación a la cónyuge no era necesaria en ese contexto.
Este complejo y emotivo caso no solo refleja la lucha de dos hermanas por conocer la verdad sobre su origen, sino también pone en evidencia deficiencias en la administración de los servicios funerarios en San Carlos, lo que ha suscitado el interés y la inquietud de la opinión pública.
Autor: Jorge Rojas