La diputada Marlene Pérez, representante de la Región del Biobío y miembro de la UDI, se ha pronunciado a favor de un proyecto de ley que busca intensificar las penas para quienes se involucren en el robo, hurto o receptación de cables de redes de telecomunicaciones. Esta propuesta surge en respuesta al creciente número de incidentes en el país, que afectan tanto a empresas como a usuarios, generando interrupciones prolongadas en el servicio.
En concreto, la parlamentaria destacó la reciente captura de 17 individuos —compuesta por ocho mujeres y nueve hombres— implicados en la recepción y comercialización ilegal de cables de cobre. Los detenidos fueron sorprendidos en el Puerto de Lirquén, con 25 toneladas de cable, cargamento que, según las investigaciones, tenía como destino Rusia o China, lo cual evidencia el alto grado de organización de estas bandas criminales.
Asimismo, se han registrado numerosos casos en la zona, como lo demuestra la denuncia de la compañía CGE, la cual reportó el hurto de 27 mil metros de cable durante el primer semestre del año en el Biobío. Ante este escenario, la diputada subrayó la importancia del proyecto aprobado por el Congreso, que contempla el establecimiento de agravantes en situaciones donde el delito afecte a una gran cantidad de usuarios o se cometa bajo la apariencia de trabajadores o proveedores empresariales.
Marlene Pérez enfatizó la necesidad de enviar un mensaje contundente contra estas actividades delictivas, alertando que el robo de cables de telecomunicaciones puede perjudicar a miles o incluso millones de personas y que, en muchos casos, incide de manera más severa en los sectores medios y vulnerables. De igual forma, recordó que una comisión investigadora de la Cámara baja se reunirá este jueves 7 de agosto en la región para abordar el notable aumento de estos incidentes.
La legisladora concluyó resaltando que estos delitos, ejecutados por grupos que operan como auténticas organizaciones criminales, requieren de un endurecimiento en las sanciones, lo cual representa un paso importante para proteger tanto la infraestructura como el bienestar de la ciudadanía.
Autor: Roberto Sánchez