Legisladores de Renovación Nacional presentaron una iniciativa que propone modificar la normativa vigente para que los consejeros del INDH se vean obligados a responder conjuntamente por los costos procesales cuando las denuncias interpuestas por el organismo resulten infructuosas. La reforma, promovida por los jefes de bancada Miguel Mellado y Carla Morales, junto a la diputada Ximena Ossandón, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, contempla establecer que las querellas deberán contar con el voto unánime en la sesión correspondiente del Consejo. En caso de obtenerse únicamente la mayoría absoluta, los consejeros que respaldaron la medida asumirán la responsabilidad solidaria de los gastos judiciales. Además, se plantea reformar el artículo 8° de la ley orgánica del INDH para que sea el Consejo quien autorice la iniciación de cualquier acción judicial, con la finalidad de optimizar su utilización y prevenir su instrumentalización política. La propuesta surge tras los cuestionamientos al rol del INDH en el contexto del estallido social de octubre de 2019, donde se evidenció que numerosas acusaciones sin pruebas suficientes derivaron en procesos judiciales fallidos, generando altos costos para el Estado y afectando la imagen de funcionarios posteriormente absueltos. Entre los casos citados figura el del excarabinero Sebastián Zamora, quien fue absuelto en el caso “Puente Pío Nono” y cuyo proceso conllevó un desembolso de 40 millones de pesos, y el del funcionario naval Ricardo Seguel San Martín, absuelto por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, con costas que ascendieron a 14 millones de pesos. Según datos presentados por el INDH al Congreso, de 2.809 causas judiciales derivadas del estallido social, solo 51 han culminado en condenas, lo que representa apenas el 1,82%. Los impulsores del proyecto sostienen que la medida evitará que la institución, cuyo cometido es la protección de los derechos humanos, sea utilizada como instrumento político para perseguir a quienes mantienen el orden público, enfatizando que la defensa de estos derechos debe llevarse a cabo con rigor y seriedad, sin caer en el populismo judicial.
Autor: Jorge Rojas